CONVENIOS URBANISTICOS, OTRO ATRACO SIN TRABUCO
CONVENIOS URBANISTICOS, OTRO ATRACO SIN TRABUCO
La verdad es que se lo ponemos tan fácil, que los políticos de ahora, pueden robar con luz y a plena página, dando cumplida nota de lo que van a hacer, en la sabiduría de que, encima, les van a aumentar los votos.
Se entiende, sin entrar en floreos legales, que un convenio urbanístico entre un ayuntamiento y una empresa urbanizadora, algo que fue un invento reciente de la derechona española, aplaudido hasta que se le pusieron rojas de gusto las manos a los sociatas, no es más que un contrato entre dos partes: Ayuntamiento y Empresa; que, mediado dinero o bienes sociales de por medio, siempre en beneficio del municipio, el Ayuntamiento, en nombre del Estado español, accede y permite que un particular construya una cantidad de viviendas indicadas en el contrato, en suelos que sean susceptibles de ser urbanizados porque sobre ellos no gravite ninguna carga de tipo proteccionista que lo impida.
Y como para hacer un contrato comercial; para que un bien público pueda ser administrado y explotado por un particular, se deben de cumplir una serie larga de compromisos legal y constitucionalmente establecidos, y hacer intervenir al chorro largo de funcionarios letrados que suelen estar al servicio de la ley en vigor. Por tanto, cuando se llega a la firma del convenio, el documento debe de tener menos entradas raras que el coño de la Bernarda.
Pero; en la sabiduría reciente que mucho del dinero que han disfrutado todos los partidos políticos y sus amichis sindicales después que se jalaron impunemente, el dinero de las Cajas de Ahorros, vino del dinero que, con toda o la misma impunidad, se movió, más negro que los cojones de un borrico valenciano, pero sin miedo alguno, procedente de los convenios urbanísticos.
Y ahora que infelices de nosotros creíamos que ya no quedaba dinero para el robo en gran escala, nos salen los nuevos políticos, con tretas tan sarcásticas y absurdas como que los ayuntamientos, es decir, amigo lector, tú y yo, no el político ni el técnico que pudo camuflar cosas anticonstitucionales en un documento de compromiso público, somos acreedores de una empresa privada a la que le debemos un chorro de millones, que hay que dárselo ya, o nos mete en la cárcel.
Y todos y cada uno de esos contratos entre ayuntamientos y empresas privadas, han tenido que tener una aprobación definitiva y un conocimiento de su existencia por parte de la Consejería de Urbanismo y demás materias, de la cortijá murciana en nuestro caso; porque, por mucho poder urbanístico que puedan disfrutar nuestros ciudades mayores; es decir Murcia, Cartagena y Lorca, y ni qué decir de las más pequeñas en población, que entonces no pueden hablar sin que no las autorice el Consejero de turno, que es lo mismo que el gobierno de turno, ahora desaparecen todos y nos dejan a las gentes de la calle con la oscura obligación de pagar algo que huele a cuerno quemao y a un atraco habitual sin trabuco, utilizado por los políticos de la cortijá murciana con el aplauso y comunión de todos los partidos.
Dado el grado de sinvergonzonería e impunidad alcanzado en la cortijá murciana, se quiere, y se está dando, la impresión que en política vale todo; y que cualquier trinca puede vender o hipotecar edificios, el propio ayuntamiento, y quedarse con el dinero para su uso y disfrute particular. Y como algo así, si se reparte algo donde hay que repartir, quedaría hasta muy bien, es lo mismo que está pasando con los conveníos urbanísticos en la cortijá murciana.
Que, aunque son responsabilidad jurídica y penal de las dos partes intervinientes, no de cualquiera que pase por la calle, es la nueva fórmula de desvalijar sin trabuco las arcas públicas de la diócesis murciana.
Salud y Felicidad, sin covid. Juan Eladio Palmis.